Reforma al poder judicial

Se está dando una gran polémica en nuestro país sobre la iniciativa de una Reforma Constitucional al Poder Judicial, presentada por el presidente de la república el 5 de febrero de este 2024. Lo primero que puede ponerse a discusión es si conviene que, en el último mes de su mandato, siga obsesionado en impulsar una reforma que no está ya en su ámbito de gobierno. Lo más recomendable sería respetar los tiempos políticos y respetar a la administración entrante ya que una improvisación en materia judicial puede ser de graves consecuencias para la impartición de justicia en México y un problema innecesario para el nuevo gobierno.

Tocaría al nuevo Congreso que comienza sus funciones el primero de septiembre resolver un asunto de tanta importancia y de enorme complejidad como es transformar el sistema judicial de nuestro país. ¿La nueva Cámara de Diputados tendrá claro el camino a seguir, tendrá el tiempo suficiente para estudiar todas las implicaciones?, ¿el Senado de la República estará en la posibilidad de analizar y avalar una reorganización de toda una estructura del Estado mexicano?

Nadie duda que se requiere una revisión a fondo del sistema de justicia en México para superar la corrupción y mejorar los procesos para evitar la impunidad. Lo mismo podemos pensar sobre el Poder Legislativo y Ejecutivo. Son exigencias en orden a mejorar al país. Pero lo importante es saber qué se quiere y cómo realizarlo.

Para comenzar, en la propuesta enviada por el presidente no aparece por ningún lado nada que esté orientado a una mayor calidad y exigencia en la procuración de justicia al contrario se pone en riesgo la misma. El punto débil y totalmente desaconsejable de esa iniciativa está en establecer un sistema de elección popular y democrática para el nombramiento de los ministros y magistrados. Todos los análisis de especialistas nacionales e internacionales lo califican como un error y un gran riesgo de partidizar la justicia y ponerla en manos de intereses particulares y del crimen organizado, en detrimento de la competencia y experiencia de los juzgadores.

En realidad, queda cada vez más claro que la única intención del presidente para proponer esta reforma es la venganza hacia la Suprema Corte de Justicia y, en especial su presidenta, por haberse opuesto a un sinfín de iniciativas inconstitucionales y no haberse puesto al servicio de sus corruptelas.

¿Tendremos un Poder Legislativo a la altura de lo que necesita el país o seguirá siendo una mayoría sumisa, cómplice e incapaz de contradecir al dictador en turno?