Las manifestaciones ante la corrupción

Los últimos meses de la actual administración gubernamental están mostrando sus errores de planeación por todas partes, pero lo más grave son las denuncias de sus vínculos con los distintos grupos del crimen organizado, entre ellos, los operadores de Tamaulipas del tráfico ilegal de hidrocarburos, donde algunos de los delincuentes que realizaban los tratos con el partido oficial han sido asesinados o han
perdido la vida misteriosamente.

Por otra parte, están las denuncias de dinero sucio en las campañas electorales de los procesos 2006-2018 del actual gobernante, algo que podría explicar muchas de las consideraciones de este gobierno
con el crimen, sintetizadas en aquella desafortunada frase “Abrazos, no balazos”.

Mientras tanto, la ciudadanía ha estado manifestado su indignación y, al mismo tiempo, su disponibilidad para defender la legalidad del proceso electoral en el que ya estamos y que este primero de marzo
ha iniciado en su última etapa. El pasado 18 de febrero se han manifestado en todas las plazas del país más de un millón de ciudadanos, siendo esta la 4ta. manifestación en menos de dos años, con la finalidad
de defender las instituciones autónomas, particularmente el INE, y defender, en esta última, la legalidad de las elecciones con la petición al gobierno de que no intervenga indebidamente como lo está intentando hacer desde hace algunos meses.

Nos encontramos con dos escenarios particularmente significativos: un gobierno que trata de actuar con prepotencia e ilegalidad para permanecer en su cargo, y una ciudadanía que sale a defender la democracia. El dilema es muy claro, quién podrá más, la evidente corrupción de este gobierno o la fuerza ciudadana que sigue con toda su vitalidad exigiendo respeto y legalidad a nuestra democracia.

Por supuesto, como Iglesia nuestros obispos se han manifestado claramente a favor de las legítimas exigencias y aspiraciones ciudadanas.