Este miércoles 29 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciará sobre un proyecto de resolución elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que obligaría al Congreso de Veracruz a legislar para despenalizar el aborto en la entidad, al considerar que su prohibición viola los derechos humanos.
Ante esto, diversas organizaciones civiles y de la Iglesia han llamado a la SCJN a defender el derecho fundamental a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
La SCJN discutirá la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que busca confirmar un amparo otorgado por un juez federal de Xalapa, que ordena al Congreso de Veracruz reformar el Código Penal local para eliminar la sanción a las mujeres por abortar y que establece que penalizar el aborto viola derechos humanos de las mujeres
De aprobarse, esto abriría la puerta para que organizaciones civiles lleven a juicio los códigos penales en otros estados del país.
Ante ello, organizaciones provida han alzado la voz al considerar que el proyecto presentado por la SCJN es erróneo, pues el aborto no es considerado derecho humano por ningún tratado internacional ni por la Constitución Mexicana o la veracruzana.
En un pronunciamiento firmado por la Dimensión Episcopal de Vida, la Conferencia del Episcopado Mexicano ratificó lo expuesto en la declaración conjunta que hizo sobre la Vida y la Dignidad Humana el pasado jueves 16 de julio: “La vida que cada ser humano posee desde la concepción y hasta la muerte natural, es un don que hay que custodiar como algo verdaderamente sagrado”, señalaron.
Asimismo, advirtieron que esta resolución podría impactar no sólo a Veracruz, sino a otros estados del país.
En redes sociales, el Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, defendió el derecho a la vida desde la concepción.
“El todo es mayor que la parte. Bajo este lógico y evidente principio se concluye que lo que afecta a todos debe priorizarse sobre lo que afecta a una parte. Los derechos de la mujer, del hombre, de los niños y de los adultos mayores deben subordinarse al derecho a la vida, que es un derecho universal”.
La vocera oficial de la asociación Pasos por la Vida, Allison González, aseguró que “un país en el que sus funcionarios no cuidan la vida de los más débiles y vulnerables, es un país que no tiene sentido humano ni verdadero interés por el desarrollo de su gente“.
“El proyecto busca eliminar la sanción a las mujeres por abortar; recordemos que ellas no son el enemigo, sino víctimas que se vieron orilladas a tomar ese tipo de decisiones. Sin embargo, quitar la sanción hace que haya casos de impunidad hacia aquellos que se dedican a realizar abortos clandestinos o a aquellos que obligan a las mujeres a abortar, como en los casos de trata de personas”.
Red Familia, por su parte, pidió al ministro González Alcántara Carrancá que deseche su proyecto y respete la soberanía de los estados. “No imponga el aborto en Veracruz y respete la separación de poderes, sus interpretaciones no son ley”.
Consideró que, en su proyecto, el ministro “se extralimita en su decisión, toda vez que reconoce que no existe un tratado que obligue textualmente a un cambio en la ley en Veracruz, y pese a ello, falla en sus interpretaciones sobre discriminación y violencia a la mujer”.
Un grupo de 237 legisladores federales de las 32 entidades del país firmaron un desplegado en el que pidieron a la Suprema Corte respetar la autonomía del poder legislativo.
“Esperamos que en México se honre la división de poderes y se emitan criterios que nos permitan a todos defender el derecho fundamental a la vida en todas sus etapas sin discriminación”.
La Universidad Pontificia de México advirtió que el proyecto jurídico no contempla los datos científicos sobre lo que se pretende legislar ni las consecuencias éticas del mismo.
“La UPM (…) no puede dejar de condenar como gravemente discriminatorio para la persona humana no nacida en estado embrionario o fetal, que eventualmente también puede ser una mujer, el considerar su vida menos valiosa que el de una mujer adulta”.
“Por otra parte, el interés general de la sociedad no está suficientemente garantizado, cuando se reconoce el ‘derecho a suprimir la vida’ de los individuos más vulnerables de nuestra comunidad a quienes deberían ser sus principales custodios, las madres, los médicos y demás personas involucradas en la realización de un aborto”.
En tanto, el presidente del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés, advirtió “las contradicciones y mentiras” que presenta el proyecto.
La aprobación de esta resolución, agregó, “traería repercusiones en efecto dominó, en donde de una manera antijurídica, con amparos que disfrazan controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, pretenden que la mayoría de los Estados de la República que defienden la vida desde su inicio en sus constituciones sean volcados de un plumazo, revertida su voluntad popular y violentada su soberanía”.
Por último, la Revista asfamilia lanzó una iniciativa con la que busca reunir más de 100 mil firmas para pedir a los ministros que desechen la iniciativa. Puedes firmar aquí.
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