El Consejo de Estado de Francia, la última instancia de la jurisdicción administrativa del país, confirmó que se debe retirar la cruz que está sobre un monumento dedicado a San Juan Pablo II.
La decisión del Consejo de Estado del 25 de octubre reafirma el fallo en primera instancia que exige el retiro de la cruz del monumento de la localidad de Ploërmel en el departamento de Morbihan en el noroeste de Francia.
Según señala el diario Le Monde, la decisión del Consejo se basa en la ley de 1905 referida a la separación de la Iglesia y el Estado. El fallo indica que la cruz viola esta norma.
En un comunicado, el Consejo de Estado señala, sobre la obra del artista ruso Zourab Tsereteli colocada en 2006, que “ya que la cruz constituye un signo o un emblema religioso en el sentido del artículo 28 de la ley del 9 de diciembre de 1905 y que su instalación por la comuna no se ciñe a ninguna de las excepciones establecidas por dicho artículo, su presencia en un espacio público es contraria a esta ley”.
La polémica por la cruz que acompaña la imagen de San Juan Pablo II comenzó en 2010, con un reclamo de la Federación Morbihanesa de libre pensamiento. Tras una larga batalla legal, en abril de 2015 una corte exigió al alcalde de Ploërmel que retirara la cruz en un plazo de seis meses.
Esa decisión la revirtió un tribunal administrativo de Nantes en diciembre de 2015; que ahora ha sido anulada por el fallo del Consejo de Estado.
En declaraciones a France-Presse, el alcalde de Ploërmel, Patrick Le Diffon, indicó que podría llevar el caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos.
“La estatua hace parte desde hace doce años del paisaje de Ploërmel, no daña en nada a los habitantes. Es lo contrario, es algo turístico para la comunidad”, dijo el alcalde.
La comunidad de Ploërmel tiene ahora un plazo de seis meses para proceder al retiro de la cruz.
En declaraciones a ACI Prensa, Daniel Hamiche, Director de L´Observatoire de la Christianophobie (El Observatorio de la Cristianofobia) explicó que la decisión del Consejo de Estado “es particularmente peligrosa, porque pone en peligro la existencia de miles de cruces que han sido, a lo largo de los siglos, erigidas en el espacio público”.
En su opinión, resaltó, “es posible hacer una alerta de esta decisión del Consejo de Estado ante las instituciones judiciales de la Unión Europea”.
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