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Hace algunas semanas, días antes de tomar posesión, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Seguridad del gobierno federal, en el que, efectivamente, se atacan muchos de los problemas que están generando la violencia en el país. No obstante, hay un 20 por ciento del proyecto que resulta alarmante. Me refiero a la creación de la Guardia Nacional que, en mi opinión, significa la continuación de la ruta militarista que inició hace 12 años con la administración de Felipe Calderón y que continuó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, exacerbando gravemente la violencia. El grave problema del Plan Nacional de Seguridad es que la acción militar será mucho más fuerte y profunda que en los gobiernos anteriores, y podría caer en una desmedida militarización del país, que termine de instalar un verdadero y gravísimo estado de excepción que actualmente estamos viviendo. Otro de los temas preocupantes en el proyecto de seguridad del gobierno entrante es el de la justicia transicional. Durante el período de transición, diversas organizaciones convocamos y participamos en los Diálogos por la Paz, la Verdad y la Justicia, donde nos reunimos con colaboradores del gobierno y tuvimos avances importantes. El presidente participó en uno de ellos y ahí le advertimos que este tema debía recaer fundamentalmente en la Secretaría de Gobernación, pues no se trata de un asunto de seguridad sino de gobernabilidad. Pero, contrario a esta idea, veo con preocupación que en el proyecto de paz la Secretaría de Gobernación ha quedado muy debilitada frente a la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional. El Plan Nacional de Seguridad no incluye políticas concretas, ni siquiera encuentro un trazo de política de gobierno hacia una efectiva justicia transicional. Es importante que los ciudadanos conozcamos cuál será exactamente el proceso a seguir en el camino de la reconciliación. Es necesario corregir en estos temas y espero que el presidente y el Congreso de la Unión, entiendan la importancia de incluir una verdadera ruta hacia la paz que incluya verdad y justicia para las víctimas, que corrijan el rumbo y comprendan que lo mejor es el fortalecimiento de las policías y crear una estrategia para el retiro paulatino del ejército de las calles. En este tema la Iglesia Católica, que tiene presencia en todo el territorio nacional, tiene una labor fundamental que desempeñar para defender la legitimidad del Evangelio. La mayoría de los ciudadanos somos católicos y hay muchos elementos que la Iglesia puede aportar y que debe aportar desde el espíritu evangélico. Hasta ahora esto solo se ha hecho por partes, lo han hecho algunos obispos, algunos sacerdotes y algunos laicos en sus comunidades, pero no todo el cuerpo de la Iglesia en México. Es necesario que levante la voz y diga: “esto tiene que ser así, tenemos que parar la guerra y encontrar justicia”. La Iglesia debe ser un actor clave para lograr el perdón y la reconciliación en México. *Javier Sicilia es poeta, ensayista, novelista y articulista, autor de varios libros. Además, es un destacado activista, miembro fundador de Servicio de Paz y Justicia México (Serpaj México), una organización de inspiración cristiana dedicada a promover los valores de la solidaridad y la no violencia en el país. También es fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que inició a partir del 26 de abril de 2011 cuando su hijo Juan Francisco fue asesinado por personas vinculadas a la delincuencia organizada. Esta columna forma parte de la edición 10 respuestas que México necesita donde también participan Norma Romero, Margarita Zavala, Pedro Kumamoto, Martí Batres, Juan Pablo Castañón, Mario Romo, Monseñor Felipe Arizmendi, el Padre Mario Ángel Flores, y el Cardenal Carlos Aguiar Retes. Este texto pertenece a nuestra sección de Opinión, y no necesariamente representa el punto de vista de Desde la fe.

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