Éctor Jaime Ramírez Barba

Estimados lectores, el propósito de la presente columna es presentar evidencias para eliminar de manera completa el mito que algunos sectores de la sociedad han promovido: que es necesario legalizar el aborto para que disminuya la mortalidad materna en nuestro país, lo cual, como veremos, es una aseveración absolutamente falsa. Se define defunción materna a la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y sitio del mismo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas externas. La salud de un país se mide con indicadores precisos, uno de los más utilizados, es precisamente el que refleja la tragedia social de la muerte materna, la cual sigue siendo en México y en el mundo, inaceptablemente alta. Por ello fue aceptado por todos los países como un objetivo de desarrollo sostenible, teniendo como meta reducir la tasa de mortalidad materna mundial a menos de 70 por cada 100 mil nacidos vivos entre 2016 y 2030 a nivel mundial. En México se lleva la información del seguimiento de avances, la última actualización al 5 de diciembre de 2018, muestra una media nacional de 36.7 defunciones de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos; apreciándose una gran desigualdad entre los estados, siendo la tasa más baja en Baja California Sur (8.3) y la más alta en Chiapas (58.3), es decir 7 veces más. México tiene un sistema de información muy confiable acerca de las defunciones, que incluye la autopsia verbal para conocer las verdaderas causas de muerte, habiéndose creado un sistema especial desde la rectoría de la Secretaría de Salud para el caso específico de la muerte materna. Las causas más frecuentes en un estudio que suma 10 años de mortalidad materna fueron toxemia (presión alta) 28.5%; Hemorragia 22.1%; Causas Obstétricas indirectas 19.3%; Otras causas de defunción materna 16.8%; Sepsis 6.2%; Embarazo ectópico, molas y otros 3.7%; Aborto espontáneo 0.5% y aborto inducido 2.9%. Ante el mito de que la legislación del aborto podría ser un determinante de la salud materna, se estudió de manera comparativa aquellos estados que en sus leyes se permitía o no el aborto por anomalías congénitas en combinación con otras causales. 18 estados se agruparon como “legislación menos permisiva” y 14 estados como “legislación más permisiva”, incluyendo la CDMX en este último grupo. Se demostró que globalmente la mayoría de las defunciones no se relacionan con el aborto, y no hubo evidencias que sugieran algún impacto (positivo o negativo) de las diferentes leyes de aborto sobre las muertes maternas, y que las diferencias observadas entre los estados se explican por el efecto de otros determinantes de salud materna, por lo que es falso el argumento de que la ausencia de leyes que permitan la interrupción legal del embarazo incentivan los abortos clandestinos o ilegales, convirtiéndose en el motivo de un gran número de muertes maternas . El estudio muestra por ejemplo (2002-2011) que Nuevo León (NL) tenía una tasa de mortalidad materna de 21.2 contra 64.4 en Guerrero (Gro). Al comparar los determinantes (NL vs Gro) se observó que la atención profesional del parto fue de 96.6% vs 80.8%; la atención obstétrica de emergencia por cada 100 nacidos vivos de 6.5 vs 3.1; la escolaridad de la mujer –alfabetización- de 96.6% vs 79.8%; la disposición de agua potable de 96.9% vs 62%; la violencia contra la mujer embarazada de 13.1% vs 8.3%; y la fecundidad y postergación de la maternidad de 2.1 vs 2.8 hijos. Si usted está interesado, el estudio del Melisa Institute está disponible sin costo en formato electrónico, para consultar cada una de las 32 entidades federativas. El Dr. José Narro Robles, ex Secretario de Salud, presentó estos resultados en el seno del Consejo Nacional de Salud, a fin de que los Secretarios de cada entidad federativa, influyeran en el resto del gabinete social para disminuir las desigualdades que conlleva la pobreza y que son el principal motivo de la mortalidad materna. Como ejemplo, las recomendaciones de salud para Guerrero y Chiapas, que tienen la mayor tasa de muertes maternas, serían incrementar las visitas a control prenatal y la atención profesional del parto; aumentar el acceso y/o el número de unidades de emergencia obstétrica; expandir el cuidado prenatal especializado para embarazos de alto riesgo y los programas de nutrición para madres malnutridas; expandir y fortalecer políticas públicas para erradicar el analfabetismo y aumentar los años de educación en la población femenina; por último, aumentar el número de hogares con red de agua potable. A mi leal saber y entender, también sería necesario fortalecer la familia, en tanto que es el cauce principal de la solidaridad entre generaciones, espacio primario de la responsabilidad social, que debe ofrecer la más leal red de seguridad y de afecto ante contingencias y amenazas. Concluyo señalando que las evidencias muestran que es la desigualdad en los determinantes de la salud materna y no la legislación del aborto, lo que debe atender nuestra sociedad en su conjunto. *Éctor Jaime Ramírez Barba es diputado en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados. Es médico cirujano, así como doctor en Ciencias de la Salud y doctor en Administración Pública. Este texto pertenece a nuestra sección de Opinión, y no necesariamente representa el punto de vista de Desde la fe.

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